El Tribunal Supremo español ha tomado una decisión importante que puede ser una noticia positiva para los propietarios e inversores en alquileres vacacionales.
La obligación de solicitar un número de registro nacional a través del Catastro o el Registro de Bienes Muebles para poder anunciar viviendas en plataformas de alquiler a corto plazo ha sido anulada por el tribunal.
Esta medida formaba parte del Real Decreto 1312/2024, que preveía un registro estatal centralizado para el alquiler turístico.
¿Qué significa esto en la práctica?
La introducción de un sistema central de registro nacional se desecha con esto. Esto puede verse como una simplificación de la carga administrativa para propietarios e inquilinos.
Lo importante es que la sentencia aún no se ha publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por lo tanto, aún está a la espera de su definitiva implementación legal.
¿Siguen existiendo las reglas para el alquiler turístico?
Sí. La declaración no significa que la supervisión de los alquileres vacacionales desaparezca. La normativa existente seguirá siendo en gran medida la misma, incluyendo:
- el portal digital para el registro de alquileres (que posiblemente aún se esté adaptando),
- la obligación para plataformas como Airbnb y Booking de transmitir datos,
- la cooperación entre agencias gubernamentales,
- en las licencias y normativas regionales y municipales, que seguirán aplicándose sin menoscabo.
¿Qué significa esto para los propietarios e inversores?
A pesar de que la obligación de registro nacional se está revirtiendo, sigue siendo esencial cumplir con la legislación local y regional. En España, las normas para el alquiler turístico varían mucho según la región y el municipio.
Por lo tanto, una estructura jurídica y fiscal correcta sigue siendo crucial para poder alquilar sin riesgo.
Conclusión
El Tribunal Supremo confirma que el gobierno español puede garantizar el control y el intercambio de datos, pero no puede imponer un sistema de registro centralizado que sustituya las competencias regionales.
Para los propietarios esto significa posiblemente menos burocracia a nivel nacional, pero todavía obligaciones claras a nivel regional y local.
